CGT espera que la exhumación de Franco sea el primer paso para el reconocimiento y reparación de la memoria de sus víctimas

Tras 43 años de la muerte del asesino y con el PSOE gobernando durante dos décadas en el Estado español, el nuevo ejecutivo de Sánchez inicia los trámites para la retirada de los restos del Valle de los Caídos.

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha manifestado a través de un comunicado estar de acuerdo con el procedimiento que supondrá la exhumación del cadáver de Francisco Franco del Valle de los Caídos y su posterior traslado de un mausoleo, que en otros países europeos sería impensable mantener por el significado fascista que supone como símbolo de una etapa negra de la historia española.
 
CGT recalca que el Valle de los Caídos, que se levantó con mano de obra esclava, jamás podrá ser un monumento a la reconciliación como desde algunos sectores de la sociedad han pretendido, primero durante la transición y después con la llegada de la supuesta “democracia”. CGT considera que es inviable que los restos y la memoria de las víctimas de la represión franquista descansen junto a los de sus verdugos.
 
CGT exige la entrega de los restos de las personas represaliadas a sus familias, para que puedan tener un entierro digno y puedan ser recordadas en otros lugares lejos del horror que supuso la construcción del Valle de los Caídos para muchas de ellas. Del mismo modo, CGT recuerda que el hecho de que la salida del genocida Franco se haya acordado por mayoría y no por unanimidad en el Congreso de los Diputados evidencia que el fascismo y los ideales franquistas siguen más vivos que nunca y muy presente entre quienes se sientan actualmente en sillones de parlamentos “democráticos”.
 
Por otro lado, y ante el planteamiento de la modificación de la ley de Memoria Histórica de Rodríguez Zapatero, la CGT expone que volverá a exigir que los derechos de justicia y reparación de las víctimas sean garantizados sin distinción entre ellas. En este sentido, la organización anarcosindicalista también considera que se hace imprescindible una modificación del Código Penal junto a la ley de Amnistía para que los verdugos franquistas no queden impunes y las sentencias de muerte aplicadas a personas inocentes, como en el caso de los anarquistas Delgado y Granado, sean anuladas.
 

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