Asamblea de empleados públicos de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera de la CARM con las organizaciones sindicales

El lunes 25 de febrero de 2019, las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Administración y Servicios y en el Consejo General de la Función Pública, CCOO, CSIF, UGT e Intersindical-SSPP, han realizado una asamblea con el personal de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera y con representación de la Sección Sindical de CGT en dicho centro de trabajo, en la que se han tratado los temas expuestos por los empleados públicos de esta Dirección General en el documento trasladado a la directora general de Energía y Actividad Industrial y Minera, Ester Marín Gómez; a la secretaria general de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Pilar Valero Huéscar y a la directora general de Función Pública y Calidad de los Servicios, Carmen María Zamora Párraga.

En dicho documento, los funcionarios presentan un diagnóstico de la situación actual, que no sólo esboza, cómo la política de personal llevada a cabo en los últimos años por esta Administración ha generado una situación que erosiona gravemente la capacidad de desarrollo de las tareas, sino que también, dicho análisis apunte hacia las posibles soluciones, mediante medidas concretas.

Estas medidas, se plantean necesarias para el correcto cumplimiento de las competencias que la Administración Regional tiene encomendadas, ya que de no aplicarse se resentiría gravemente el servicio que los funcionarios debemos prestar a ciudadanos y empresas y al intercambio reglado de información con otros departamentos o administraciones.

Desde CGT, por su delegado de la Sección Sindical, Jesús Gómez Ruiz, firmante también de dicho documento, entre los distintos temas que se abordan en el diagnóstico, se ha hecho hincapié en la situación actual en la que se encuentra este centro de trabajo que viene agravándose en los últimos años.

Es una desestructuración que se consolida, por un lado, en su propio Decreto de estructura orgánica que data de 2001, no respondiendo a la realidad social y económica actual de sectores como el energético, el de minas o industrial en la Región, así como un vació total en la planificación de los mismos.

Por otro lado la estadística reciente, de los cuatro últimos años, de cambios de personal de responsabilidad al frente de las jefaturas de servicios, hace imposible una mínima organización y consolidación. En menos de cuatro años se han producido cuatro cambios en la Subdirección General; otros tantos en la jefatura de Servicio de Régimen Jurídico, Económico y Sancionador, así como los cambios producidos en el resto de servicios, de la Dirección General: Industria, Energía, Minas, Planificación e inspección, llegando en total a sumar en este tiempo, 9 ceses y 14 nombramientos. Toda una marca, MUI...

En línea con lo expuesto en el diagnóstico presentado, se hace necesaria también una dotación de plazas suficientes que venga a paliar la pérdida de los puestos de trabajo de estos últimos años, así como su plena cobertura. Esta dotación suficiente de personal, debe ligarse necesariamente al pleno desarrollo de los procedimientos administrativos que gestiona la Dirección General; más en un periodo de tránsito hacia una Administración digital, sin papel, que necesita de forma temporal llevar en paralelo ambas gestiones, electrónica y en soporte papel. Asimismo, la formación necesaria adecuada e imprescindible del personal a las nuevas aplicaciones informáticas y la tramitación de los procedimientos internos que deberán estar por escrito, con indicaciones precisas de las tareas y puestos asociados a cada uno, poniéndolos a disposición de los funcionarios implicados. Tal como se expuso en la asamblea de trabajadores: ‘Quién, cómo, cuándo’, como garantía hacia el empleado y hacia los propios ciudadanos.

Resulta difícil entender cómo se pretende crear equipos de trabajo conexionados, que deberán colaborar entre sí y con otras administraciones, separando y dividiendo al personal afectado. Desde CGT consideramos que introducir modelos de organización empresarial bajo un modelo de competitividad, cuando menos, es un despropósito. Evidencia claramente el desconocimiento de este modelo de estructuras organizadas bajo un principio de colaboración y reglamentación, cuya finalidad es la prestación de los servicios públicos.


  • Twitter

  • Facebook

Recibir información de CGT Murcia

Y por whatsapp?