La desprofesionalización de la Función Pública que pretende este Gobierno Regional, supone una pérdida de derechos para los empleados públicos, pero también de derechos y garantías para los ciudadanos y la sociedad, algo tan palpable que cada día tenemos más cerca, véase en la Educación, la Sanidad o la Seguridad, entre otros, y por los que debemos oponernos a este desmantelamiento sistemático y continuado de lo público.
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